Transparencia administrativa y Responsabilidad Social Corporativa

El ciudadano para la administración y el cliente para las empresas demanda cada vez más transparencia, además de servicios rápidos y eficaces.

El 80% de los estadounidenses no confía en su gobierno, según un reciente estudio del Pew Research Center. Es el mayor nivel de desconfianza en medio siglo.

El gobierno federal se percibe de un tamaño desmedido, además de su falta de efectividad ante los problemas de la ciudadanía.

¿Y en qué sector confiamos? No me lo pregunto como lo hace Andrew Krzmarzick, sino como ejercicio de reflexión. El sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, el sector académico...

El ciudadano también muestra su descontento con otra serie de organizaciones e instituciones.

Sólo el 25 % dice que el gobierno federal tiene un efecto positivo sobre la situación en el país, y un 24% lo dice sobre el congreso. Pero para los bancos es de un 22% y para las grandes empresas de un 25%. Los datos no parecen muy alentadores, la pérdida de confianza es muy grande.

La pérdida de credibilidad de administración y empresas, es decir, sector público y privado, está creciendo a pasos agigantados. A la administración debe exigírsele transparencia, que libere sus datos, a ciertas empresas también. El resto que comiencen a pensárselo, porque creo que no hay vuelta atrás. ¿En cuantos años? no lo sé, pero llegará.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores.

Pues bien, mi idea es que no puede haber responsabilidad social corporativa sin transparencia. Y de momento la RSC es voluntaria. La liberación de datos no debería serlo.

Los beneficios sociales que acarrea la transparencia son indudables, y ya que las empresas participan en el desarrollo social, deben participar en él, sería justificable obligarles a compartir ciertos datos.

El ámbito de aplicación debería comenzar por esas empresas que por su actividad se consideren estratégicas, o como dice Andrés Nin, que presten servicios de especial trascendencia económica.

La transparencia, sigue diciendo, no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también aquellos sectores que se vean socorridos en momentos de dificultades (o subvencionados con dinero público, añado yo) deberían dar la posibilidad de una "vigilancia social colectiva", y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan.

Para terminar una cita:

La opacidad o falta de transparencia de las empresas se encuentra entre las razones más citadas de la grave crisis actual. El no poder acceder en cada momento a una información veraz y completa sobre el valor generado y el estado global de las empresas, no solo es consecuencia de las carencias en los controles internos y externos, públicos y privados, sino también de la calidad de los instrumentos de medición y verificación con los que se cuenta.
Pedro Rivero/José Luis Lizcano. Presidente y coordinador de la comisión de responsabilidad social corporativa de AECA. En Cinco Días.